Por: Bruna Frota, Abogado de Inmigración

El 28 de septiembre de 2018, la administración Trump anunció la proposición de una ley para hacer cambios a las políticas de “carga pública” que exponen cómo el uso de los beneficios públicos pueden afectar a los extranjeros que buscan admisión a Estados Unidos desde el extranjero con visas de inmigrante y no inmigrante, extranjeros que buscan regularizar su estatus como residentes legales permanentes desde dentro de Estados Unidos, y extranjeros dentro de Estados Unidos con una visa temporal que buscan extender su estadía bajo la misma clasificación de no inmigrante o cambiar su estatus a una clasificación de no inmigrante diferente.

Después de que la ley propuesta sea oficialmente publicada por el Registro Federal, habrá un período de consultas públicas de 60 días. Después de ese período de consultas y la consideración de las consultas por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), se emitirán las regulaciones finales y una fecha de entrada en vigor para la ley.

Programas a considerar

En el marco de la ley propuesta, los oficiales considerarán el uso de ciertos programas previamente excluidos, incluyendo Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el Programa de Subsidio para Bajos Ingresos de Medicare Parte D, y varios programas de vivienda, en las designaciones de carga pública.

Bajo la política previa rectificada en 1999, el gobierno federal especificaba que no consideraría el uso de Medicaid, el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP por sus siglas in inglés), u otros beneficios no monetarios en las designaciones de carga pública.

Esta ley no impactaría a grupos de extranjeros que el Congreso específicamente eximió de la inadmisibilidad por causa de carga pública, tal como refugiados, asilados, afganos e iraquíes con visas de inmigrante especiales, no inmigrantes víctimas de tráfico y crimen, personas presentando solicitud bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer, e inmigrantes juveniles especiales. Además, la ley excluye la consideración de beneficios recibidos por ciudadanos estadounidenses hijos de extranjeros quienes adquirirán la ciudadanía bajo la sección 320 o 322 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés), y por extranjeros miembros del servicio de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Sobre La Autora

Bruna Frota empezó su carrera en Estados Unidos hace varios años después de emigrar de Brasil. Trabajó para importantes firmas legales de inmigración, tales como Berry Appleman & Leiden LLP y De Mott, McChesney, Curtright y Armendáriz LLP, antes de abrir su práctica propia. Bruna Frota tiene un equipo de asistentes legales y asesores que brindan una excelente atención a nuestros clientes.

Como inmigrante y dueña de una empresa, Bruna Frota comprende las dificultades que implica el proceso de inmigración de EE. UU y los sistemas de leyes comerciales y dedica su tiempo y conocimiento a ayudar a los clientes a lograr sus metas. La directora Bruna Frota tiene una Licenciatura en Leyes de la Escuela de leyes de la Universidad de Fortaleza en Fortaleza, Brasil y una Maestría en Derecho Internacional del Centro de Leyes de la Universidad de Houston. Bruna Frota tiene licencia para ejercer en los estados de New York y Texas. Puede ponerse en contacto con Bruna escribiendo a: bruna@bfrota.com o bfrota@nationalitylawyers.com